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miércoles, 12 de junio de 2013

Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria es un derecho constitucional

Gobierno Socialista de Portuguesa cumple con el pueblo
Garantizar la seguridad y soberanía alimentaria es un derecho constitucional
 GUANARE/
GOBIERNO DE PORTUGUESA / MARÍA VIZCAYA

Para contribuir con el abastecimiento del pueblo portugueseño y garantizar la buena alimentación de los productos de primera necesidad a precios justos y solidarios, el Instituto Nacional de Nutrición, en conjunto con el Instituto para la Defensa en el Acceso de los Bienes y Servicios (Indepabis), trabajan  como un solo gobierno.

“En virtud de esto realizamos una reunión en las instalaciones del Comedor Popular José Antonio Páez, donde estuvo presente el Estado Mayor contra la Especulación y el Acaparamiento la Superintendencia Nacional de Silos y Depósitos Agrícolas (SADA), Guardia Nacional Bolivariana y los voceros y voceras de la Red de Defensores y Defensoras de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria, con el objetivo de afinar la articulación entre las instituciones aliadas del proceso para continuar disminuyendo el acaparamiento y la especulación”, informó Maritza Mejías, coordinadora del INN en Portuguesa.

Igualmente,  manifestó que durante la actividad exhortaron a los integrantes de la red a continuar trabajando en forma articulada y seguir realizando la inteligencia popular contra la corrupción de alimentos, a fin de lograr la estabilización del mismo a precios justos y regulados.

Por su parte José Adrián, representante de la Secretaria del Poder Popular para el Desarrollo Comunal, informo que la Red cuenta con una sala situacional, la cual funciona en las instalaciones de  la mencionada institución, donde recibe y administra todas  las denuncias que realiza la comunidad en materia de especulación y acaparamiento.

Acordó que trabajarán de forma conjunta en los 14 municipios del estado, para poder ir cubriendo en forma progresiva cada necesidad del pueblo. Afirmó además que la tarea de los movimientos sociales es garantizar la seguridad y soberanía alimentaria,  como derecho constitucional

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